Artículos

Resulta gracioso escuchar como las direcciones de PSOE e IU alaban la figura del Rey y su papel en la transición, cuando todos sabemos que las conquistas sociales y derechos democráticos que se consiguieron en los años 70 no fueron fruto de la buena “En España no existe una dictadura. Al término de nuestra guerra se constituyó un Estado de Derecho y mis poderes como jefe de Estado fueron limitados por las instituciones básicas creadas (...) En cuanto a la prensa sabemos de sobra la censura que sobre ella ejercen dueños y directores. El que el bien común y el que la defensa de la patria moderen esa libertad y evite estragos, a mi juicio hay que reconocerlo como un bien y no como un mal (...) España ha proclamado ya en numerosas ocasiones que sus necesidades militares están cubiertas por su propio esfuerzo y por los Acuerdos de cooperación Militar que le unen a EEUU (…) Sufrimos desde hace veinte años por parte del Partido Comunista intentos de subversión, sin otro resultado que el arrastrar a la cárcel a una docena de sus agentes”. Francisco Franco. 15 de junio de 1961.

Leyendo este discurso de Franco, cualquiera que no conociese la historia reciente de España, creería que Franco fue un presidente elegido democráticamente de un país en el cual la censura actuaba únicamente por el “bien común” y que por tanto, al ser un país tan respetable EEUU proporcionó ayuda militar a Franco, que únicamente padecería la oposición de “una docena” de comunistas. Pero todos sabemos que la realidad no es ni fue así.

Movilizaciones y huelgas de 1962

Meses después de que Franco pronunciara estas palabras estalló el malestar acumulado en años anteriores. En los primeros meses de 1962 comienzan protestas obreras.

La movilización se produjo, en parte, en torno a la negociación colectiva, la Ley de Convenios Colectivos se había aprobado en 1958, pero fue en 1962 el primer año en el que la negociación de convenios alcanzó un nivel significativo. Fue entonces cuando afectó a sectores y provincias con una fuerte concentración obrera y una larga tradición reivindicativa. En abril de 1962, mineros asturianos piden un aumento salarial y mejores condiciones de trabajo (mejores pensiones, protección social en caso de enfermedad, etc.,). La empresa respaldada por el gobierno responde despidiendo a 2.000 mineros. Estallan huelgas inicialmente en cuencas mineras asturianas, pero la lucha se extendió y comenzó entonces una huelga que se generalizó a toda Asturias y el País Vasco. El 3 de mayo se declara el estado de excepción en ambas regiones, pero el gobierno no consigue frenar la huelga, es mas se extiende a Madrid y Barcelona. La posición de la clase obrera es tajante: subida salarial y amnistía para los represaliados. El gobierno ante la magnitud de la protesta cedió el 16 de mayo y puso en libertad a todos los que habían sido detenidos, los obreros volvieron al trabajo entrando el vigor la subida salarial. Aquellas movilizaciones despertaron el entusiasmo de millones de trabajadores del Estado español, quedó de manifiesto que con una buena preparación la clase obrera podía imponer condiciones a la patronal y al gobierno. Pese a que Fraga dijo sobre la huelga que era un “simple conflicto profesional sin trascendencia”, la magnitud de la protesta fue tal que por primera vez la prensa franquista publicaba la existencia de huelgas, en un momento en el que la atención de la prensa estaba centrada en la boda del entonces Príncipe Juan Carlos (se casó el 14 de mayo de ese año). Ya se estaban cuajando los inicios de CCOO, fuerza sindical con cada vez más capacidad movilizadora.

El régimen sabía que sólo podía mantenerse por medio de la fuerza. Por eso, en mayo de 1963 el por entonces Ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga (hoy senador del Partido Popular que se autoproclama “demócrata” y “defensor de la lucha contra el terrorismo”) convoca a la prensa y anuncia la creación del Tribunal de Orden Publico para “juzgar a todos aquellos que subviertan los principios básicos del Estado, perturbando el orden publico o sembraran la zozobra en la conciencia nacional”. Fraga explica a los periodistas presentes que este tribunal está “para el perfeccionamiento del Estado de derecho en España”. El objetivo del TOP era recomponer y actualizar los mecanismos represivos ante la contestación política, pero no disminuir la represión, como se comprobó después (En 1968 el TOP dictó 1.054 sentencias de las que el 77 por ciento fueron condenadas).

Proceso contra Julián Grimau

El 7 de noviembre de 1962 Julián Grimau, miembro del comité central del PCE, fue a una reunión con Francisco Romero Marín e Ignacio Gallego en el barrio madrileño de San Juan Bautista para tratar la crisis nuclear de Cuba y la redacción de un panfleto que iba ha ser distribuido días después. Después de acabar la reunión Grimau quedó con otro militante del PCE, Francisco Lara, en la plaza Manuel Becerra para entregarle unos documentos, tras dárselos subió a un autobús y de inmediato vio que en el autobús sólo habían dos personas con aspecto de policías, por lo que intento salir del autobús en la primera parada, pero los agentes se lo impidieron. La policía lo llevó a la fuerza en plena calle a una ferretería de la calle Raimundo Fernández Villaverde, desde donde los dos policías llamaron a la Dirección General de Seguridad. Allí gritó que era miembro del Partido Comunista ante la clientela, pero fue inútil, fue trasladado a la Puerta del Sol (donde estaba la DGS), donde declaró ser miembro del Comité Central del PCE. La claridad con la que se expresó Grimau sobre su afiliación política causó un enfado impresionante entre el aparato represivo franquista. La policía actuó como solía hacer en estos casos, Grimau cayó de cabeza al día siguiente desde una altura de seis metros a la calle San Ricardo, parte posterior del edificio policial. Fue enviado al hospital de Yeserias donde fue operado del terrible golpe propiciado por la violencia y tortura policial común. La policía únicamente se interesó por él en el hospital, para informarle que cuando le diesen el alta sería enviado a la cárcel de Carabanchel, que por entonces estaba llena de militantes de izquierda. En febrero de 1963 antes de que hubiese podido recuperarse de sus lesiones fue enviado a la cárcel, acusado de tentativa de suicidio por “caerse” desde una ventana de la DGS. La prensa franquista le acusó sin aportar prueba alguna de ordenar asesinatos en la guerra civil española. Durante su estancia en la cárcel se celebró un consejo de guerra contra cinco personas acusadas de pertenecer al PSUC (Partit Socialista Unificat de Cataluña), uno de los acusados era uno de sus fundadores, que fue condenado a 23 años de cárcel.

Su juicio se revistió del máximo de los secretos, seguramente por que la sentencia ya estaba dictada de antemano, ya que fue visitado en la cárcel por el Coronel Eymar, encargado del Tribunal Especial de Masonería y Comunismo, al que se le conocía por su extrema crueldad. En esta visita Grimau, aún dolido por sus torturas, dijo que con una sencilla operación podría recuperar el movimiento de sus muñecas fracturadas. La respuesta de Eymar fue: “Yo, en su caso, me preocuparía si tuviese posibilidades de salir adelante; pero, para lo que a usted le queda, esos sinsabores son simples minucias”.

Hasta el día 11 de abril Grimau no pudo elegir a su defensor, que fue finalmente el Capital Alejandro Rebollo, y solo al día siguiente supo cuales eran los cargos que se le imputaban, el mas grave era el de “delito continuado de rebelión militar”, imputación que se castigaba con la pena de muerte. El día 18 de ese mes comenzó el juicio. Pocos días antes de que se celebrara el juicio, Manuel Fraga publicó un folleto titulado: Crimen y Castigo, en él se arremetía duramente contra Grimau acusándole de “comunista” y de ser, en palabras de Fraga, un “asesino repugnante”

El juicio estuvo lleno de irregularidades, ninguno de los testigos, aún siendo presionados, acusó a Grimau de algún delito o crimen, como mucho, alguno dijo que había oído hablar “de oídas”, incluso uno de los testigos dijo que le recordaba en la guerra como un joven muy bajito, “pequeñito”, cuando la estatura de Grimau rozaba los dos metros.

El juez lo sentenció a pena de muerte, lo que provocó una oleada de solidaridad comunista en todo el mundo, surgieron manifestaciones exigiendo la amnistía en Paris, Londres, Roma, etc.

En la madrugada del 20 de abril fue conducido a un campo de tiro de la misma cárcel, donde ante las luces de varios coches fue ejecutado y posteriormente rematado. El por entonces Príncipe Juan Carlos se limitó a anunciar que su mujer Sofía estaba embarazada, no pronunció una sola palabra de protesta ante la ejecución, pese que públicamente lo había hecho incluso el Papa y la mayoría de jefes de gobierno del mundo. Juan Carlos no mostraba discrepancia alguna con el régimen, se limitaba a jurar lealtad a Franco en múltiples actos, no le interesaba realizar ningún tipo de protesta, como la que hicieron tantos jóvenes y trabajadores sabiendo que se jugaban la vida.

La represión continúa

La ejecución de Grimau no sirvió para frenar la contestación a Franco, aunque el régimen continuaba reprimiendo. Meses después, en agosto, se reanudó la actividad huelguística en Asturias y el día 8 fue asesinado a manos de la policía el militante anarquista Ramón Vila. El día 17 fueron ejecutados los anarquistas Francisco Granados y Joaquín Delgado, acusados de haber colocado en julio una bomba en la DGS, pese a que el Consejo Ibérico de Liberación (coordinador del anarquismo español por aquel entonces y organización a la que pertenecían) negó cualquier relación de los acusados con el atentado.

Durante la reanudación de huelgas en Asturias el régimen se lanzó hacia la mas abominable represión, la huelga fue muy dura, con cierres patronales incluidos, ante la duración de la huelga y su extensión, el gobierno encarga poner fin a la huelga a la temida brigada político social y a la guardia civil. Pronto empiezan a llegar guardias civiles que meten en coche a mineros y los someten a las más brutales palizas. La represión se extiende y se va conociendo cada vez mas, el 24 de agosto un minero casi muere a golpes en el cuartel de la guardia civil en un interrogatorio en el que intentan sacarle donde se guarda la caja de resistencia de los huelguistas, el día 10 de septiembre seis jóvenes mineros son apaleados brutalmente por la policía, dejándoles en la cama varios días, las noticias corren y se conocen incluso en Madrid. La represión continúa, los médicos de las cuencas mineras tienen que curar a mineros con tímpanos rotos, narices rotas, etc. Los “sucesos de la calle Dorado” fueron los que mas repercusión tuvieron, varios mineros y sus mujeres fueron llamados a presentarse a la inspección municipal de Sama, una vez allí un capitán de la Guardia Civil separó a los maridos de las mujeres y comenzaron a torturan a los mineros, las esposas de estos Anita y Constantina Pérez, al oír los gritos de dolor de sus maridos comenzaron a protestar, por lo que la guardia civil las comienza a golpear, y de castigo extra las rapan el pelo al cero. Pero todo no acabo ahí, Constantina es enviada a prisión acusada de “propaganda clandestina”. La dureza de la represión causó una grave conmoción y sentimiento de solidaridad entre la izquierda. Un grupo de más de cien intelectuales (Vicente Aleixandre, Gabriel Celaya, Jose Luis Aranguren, etc.,) escribieron al ministro Manuel Fraga protestando por las humillaciones a las que habían sido sometidos los mineros y sus familias. Fraga no tardó en contestar, defendió la represión y acusó a los huelguistas de “comunistas” y respecto a las humillaciones a las mujeres añadió que “las sistemáticas provocaciones de estas damas a la fuerza pública la hacían más que explicable”. Pero la represión no podía parar algo imparable, estos episodios de protesta obrera fueron repetidos por los mineros en más ocasiones durante la dictadura.

Hipocresía

Resulta gracioso escuchar como las direcciones de PSOE e IU alaban la figura del Rey y su papel en la transición, cuando todos sabemos que las conquistas sociales y derechos democráticos que se consiguieron en los años 70 no fueron fruto de la buena voluntad de Suárez ni de ningún Rey, sino de la lucha que protagonizó la clase obrera y la juventud, cuya fuerza obligó a la burguesía y a buena parte del aparato político franquista a iniciar una táctica política distinta para evitar perder sus privilegios y mantener el orden social que hoy sigue vigente.

Resulta aún mas indignante que la rancia derecha del Partido Popular se niegue a condenar el levantamiento militar de 1936 y el régimen de Franco, y después quiera llenarse la boca de democracia, de condena a la violencia o de lucha contra el terrorismo, cuando ellos tienen en sus filas a personajes como Manuel Fraga o el diputado Gabriel Cisneros, y tantos personajes que participaron activamente en el aparato de estado franquista y en su represión.