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Después de la revolución de febrero el Gobierno Provisional ha tratado de centrar la atención de las masas hacia determinados aspectos como la nueva Constitución o las elecciones, sin embargo la experiencia de los trabajadores es que en las empresas siguen mandando los mismos, y que sus condiciones de vida se mantienen igual que antes de la caída de Mubarak. Esta situación está llevando a amplios sectores de las masas, y especialmente a la clase obrera, a sacar la conclusión de que es necesaria una nueva revolución, “la revolución del hambre”.

 

El 27 de mayo cientos de miles de egipcios volvieron a salir a las calles exigiendo una “segunda revolución”, habiéndose desatado una nueva oleada de huelgas por todo el país durante el mes de junio. Dichas protestas suponen un nuevo desafío al Gobierno Provisional y a la ley que aprobó en marzo contra los derechos democráticos y, especialmente, contra el derecho de huelga, por la que se castiga con uno o más años de cárcel y hasta 83.000 dólares cualquier huelga o protesta que “interrumpa la producción” o “dañe la economía”. Los trabajadores están reclamando aumentos salariales y mejoras en las condiciones laborales, la nacionalización de sectores privatizados en el pasado, el aumento del presupuesto en educación y sanidad, o la depuración de los gerentes de numerosas empresas públicas por corrupción y vínculos con el viejo régimen. Uno de estos sectores han sido los trabajadores del Canal de Suez –que emplea a más de 8.000 trabajadores y es clave en el comercio internacional— en huelga desde el 1 de junio, y que trataron de ocupar las oficinas del gerente exigiendo su destitución. La respuesta, como en muchos otros casos, ha sido mandar al ejército, que llegó a efectuar disparos al aire para dispersar a los huelguistas. A pesar de ello, y como en muchos otros casos, los trabajadores siguen adelante exigiendo que se cumplan sus reivindicaciones.
El miércoles 29 de junio el gobierno reprimió, provocando más de mil heridos, una concentración multitudinaria convocada por los familiares de las víctimas de la revolución de febrero. Mientras, Mubarak y los demás responsables de la dictadura siguen sin ser juzgados. Los reportajes que llegan desde Egipto reflejan que la tensión social vuelve a estar en un momento crítico.

La crisis del capitalismo egipcio

El capitalismo egipcio es completamente incapaz de satisfacer las aspiraciones de la mayoría de la sociedad. Desde que se produjo la caída de Mubarak se ha paralizado la inversión extranjera y las reservas monetarias han caído un 25%. Los capitalistas no tienen ningún interés en invertir en medio de un proceso revolucionario, mientras no se les den garantías de que sus negocios van a quedar a buen recaudo. Por ello el Gobierno Provisional, encabezado por la vieja cúpula militar del régimen de Mubarak, trata de aplastar y acabar con las huelgas y protestas que está protagonizando la clase trabajadora. La alta jerarquía militar tiene fuertes vínculos con la burguesía internacional, calculándose que sus negocios podrían abarcar hasta el 40% de la totalidad de la economía egipcia.
Los hombres de negocios son abiertamente hostiles a las más mínimas aspiraciones de mejora de los trabajadores. Moataz El Alfi, alto ejecutivo de Americana, cadena de comida rápida, se queja así de la situación: “incrementamos los salarios después de la revolución, y un mes después los trabajadores fueron de nuevo a la huelga exigiendo mayores salarios (...) Todo el mundo se ha sumado a la ola revolucionaria y trata de obtener beneficios extra”. Ahmed Aviv, ejecutivo de la construcción, explica que “las principales fuentes de capital en el país o han sido arrestados, o han escapado, o tienen demasiado miedo para poner en marcha cualquier negocio”, destacando la lucha de los trabajadores contra la corrupción como una de las causas de la parálisis económica. Lisa Anderson, presidenta de la Universidad Americana de El Cairo, trata de explicar que “hay una diferencia entre el capitalismo y la corrupción”, quejándose a continuación de que todo el mundo “simplifica” la cuestión diciendo que el conjunto del sistema es corrupto. En realidad, esa “simplificación”, basada en la experiencia de los trabajadores, se corresponde bastante bien con la realidad.
A pesar de servir a los intereses de los capitalistas, el Gobierno Provisional se ha visto obligado a tomar ciertas medidas, entre mayo y junio, para tratar de calmar la situación: subir el salario mínimo y aumentar los salarios en el sector público en un 15%, hacer fijos a 450.000 trabajadores o aumentar el presupuesto en un 25%. Sin embargo, estas concesiones no han conseguido frenar la movilización de los trabajadores. Por otro lado, las potencias internacionales han aprobado diversos planes de ayuda, tanto para Egipto como para Túnez, exigiendo como condición la apertura de sus economías, es decir, privatizaciones y una mayor desregulación del mercado de trabajo, una garantía para empobrecer aún más a las masas egipcias. Sin embargo, el Gobierno Provisional ha rechazado las ayudas ofrecidas por el FMI, ante el efecto político que podrían tener las condiciones draconianas que trata de imponer este organismo. Todo eso revela la delicada situación del Gobierno cuando la movilización y el descontento social siguen poniendo el sello en la escena.

Se está formando una  nueva central sindical

Uno de los aspectos que está adquiriendo mayor relevancia es la formación de una nueva central sindical independiente, la Federación Egipcia de Sindicatos Independientes (EFIU), frente a la Federación Egipcia de Sindicatos (ETUF), vinculada al régimen de Mubarak, y cuyo presidente, Hussain Megawer, está bajo arresto por haber organizado bandas de matones para que atacaran a los manifestantes de la Plaza Tahir en febrero. A lo largo de estos meses se ha producido una explosión en la formación de sindicatos independientes, creciendo la EFIU hasta el medio millón de afiliados a principios de junio, agrupados en 150 sindicatos. Una de las exigencias de estos sindicatos es la disolución de la ETUF y el procesamiento de sus dirigentes por corrupción y nepotismo, y por sus estrechos vínculos con el régimen de Mubarak y los gerentes y ejecutivos de las principales empresas del país.
Uno de los aspectos determinantes durante los próximos meses es la posibilidad de que, partiendo de esta nueva federación sindical, pueda formarse un partido político clasista que agrupe a los sectores más avanzados de la clase trabajadora, constituyéndose una alternativa política para la clase obrera. En este momento las encuestas demuestran la existencia de un enorme vacío de cara a las próximas y primeras elecciones democráticas en décadas, siendo la opción más apoyada, con un pírrico 15%, los Hermanos Musulmanes, muy por debajo de las expectativas que manejaban al comienzo de la revolución. Esto se debe a que esta organización está mostrando su verdadera cara al defender la necesidad de consolidar una economía de mercado y criticar las huelgas que se extienden por el país como una amenaza para la economía. Esta situación ha llevado a que se estén produciendo importantes tensiones dentro de esta organización, hasta el punto de haberse escindido una parte mayoritaria de sus juventudes.
La consolidación de la EFIU, vinculando las reivindicaciones democráticas y laborales con la necesidad de luchar por el socialismo, exigiendo la expropiación de las industrias y riquezas en manos de la antigua camarilla pro-Mubarak, así como de las principales multinacionales, que se hicieron con buena parte de las riquezas del país a través de las privatizaciones emprendidas desde los años 80, es determinante para permitir que continúe avanzando el proceso revolucionario. La clase obrera está siendo la columna vertebral de la revolución, su organización bajo un programa independiente de clase será la clave de su triunfo.