¡Basta de represión contra los sindicalistas!  ¡Participa en la campaña de solidaridad para lograr su readmisión incondicional!

La compañera Ana Pozo con más de veinte años de antigüedad en la empresa Eulen S.A. (limpieza de edificios y locales) ha sido despedida por su labor sindical en defensa de sus derechos y el de sus compañeras/os. La empresa también ha sancionado con dieciséis días de empleo y sueldo a cinco miembros del Comité de Empresa por ir al centro de trabajo de Ana Pozo (CEIP Joan Bruguera) a informar sobre lo acordado en una reunión sobre Prevención de Riesgos Laborales.

Manifiesto de sindicalistas de izquierdas

El pasado 1 de diciembre, Mª Dolores de Cospedal anunció el segundo plan de ajuste para Castilla-La Mancha. Dicho plan recorta una media del 3% el salario a los empleados públicos que dependen de la Junta, a la vez que aumenta la jornada laboral en dos horas y media semanales. Esta medida supondrá en la práctica el despido masivo de interinos en la administración pública. En el caso de los trabajadores forestales,  se despedirá a 600 empleados o se aplicará un ERE durante cinco meses al año. Además se recortará un 52% el presupuesto para el operativo de incendios forestales con la consiguiente reducción de medios. Es necesario recordar que la superficie forestal de nuestra comunidad supone aproximadamente un 45 % del total, con lo que el riesgo de incendios en verano, si no se toman las medidas de prevención adecuadas durante todo el año, es muy alto. Por si ello fuera poco, se profundiza en el proceso de privatización de la educación iniciado en septiembre, dando prioridad a la promoción de los centros de enseñanza privados-concertados. La sanidad pública tampoco se salva de la quema. El plan también incluye la privatizando de la gestión de los hospitales de Almansa, Villarrobledo, Manzanares y Tomelloso, así como todos los que se construyan en el futuro.

Los trabajadores de las dos factorías de los astilleros Navantia en la ría de Ferrol, tanto de la empresa principal como de las compañías auxiliares, están en lucha por el empleo, y desde finales del verano llevaron a cabo un calendario de movilizaciones que culminó el pasado 20 de noviembre. Los trabajadores marxistas están participando muy activamente en todo el proceso y esta misma semana han repartido una nueva hoja con sus propuestas para continuar la lucha en enero. Este es su contenido:

[Acto público el jueves 15 a las 7 de la tarde en la Librería Marxista de Ferrol]

El pasado 18 de noviembre me presentaron un escrito en el que me notificaban la celebración, el próximo 30 de noviembre, de una asamblea para revocarme como delegado de personal.

Los trabajadores de los astilleros de Navantia en la ría de Ferrol nos estuvimos movilizando desde finales de septiembre en demanda de carga de trabajo. Las movilizaciones demostraron que los trabajadores sí estamos dispuestos a dar la batalla, pero es evidente que la victoria del PP en las elecciones generales del 20 de noviembre abre una nueva etapa. Es hora de hacer un breve balance y de trazar una perspectiva para nuestra lucha.

En los últimos meses, los servicios de atención, tratamiento o prevención de drogodependencias adjuntos a la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid se han ido quedando medio vacíos. La Agencia argumenta que no se ajusta el perfil del servicio con el de los usuarios, justificando de esta manera el cierre y desmantelamiento de los mismos. Sin embargo, este argumento choca de frente con la ocupación de servicios de igual perfil que dependen de la red del Ayuntamiento de Madrid, estando éstos saturados.

La negociación colectiva, paralizada por la patronal

La forma en que se está abordando la crisis económica nos coloca a los trabajadores del sector privado y público en una situación cada vez más precaria. En el sector privado, los empresarios están aprovechando la Reforma Laboral para acabar con la negociación colectiva. De hecho, en la Comunidad Autónoma Vasca seis de cada diez trabajadores amparados por un convenio sectorial provincial lo tienen sin renovar. Esto supone anualmente una pérdida salarial para los trabajadores de unos 1.352 euros (para un salario medio de 26.000 euros)1, es decir, unos 130 millones de euros por cada 100.000 trabajadores.

El pasado viernes, 4 de noviembre, la Junta de Andalucía rechazó el ERE extintivo planteado por Visteon sobre la fábrica de El Puerto de Santa María (Cádiz), que dejaba sin empleo a más de 400 trabajadores, entre empleo directo e indirecto. Los rumores del cierre se llevaban escuchando desde meses antes de que finalmente se plantease, sin duda con la intención de ir minando la moral de los trabajadores y que su reacción fuese fácilmente contenida cuando finalmente se plantease el ERE.

¡En defensa de una radiotelevisión pública y de calidad!

A principio del pasado mes de octubre, el gobierno de Álvarez-Cascos anunciaba por medio de su consejero de Hacienda y Sector Público, Ramón del Riego, la cancelación de 11,3 millones de euros de transferencias directas del Principado a la Radio Televisión del Principado de Asturias (RTPA), previstas para lo que resta del año. El viernes 28 de octubre las tres sociedades integrantes —TPA, RPA y la Productora de Programas— presentaron un preconcurso de acreedores ante los juzgados de lo Mercantil de Oviedo y Gijón. De esta manera la RTPA es el primer ente público a nivel estatal que se declara insolvente, dejando en una situación crítica a sus cerca de 700 trabajadores.

El 20 de octubre saltaban todas las alarmas al hacerse pública la intención de la dirección de ArcelorMittal de cerrar la Acería de Veriña (Gijón), con la justificación de que los costes de producción son muy elevados en comparación con la factoría del mismo grupo en Polonia. Ante este hecho, lo escandaloso es la respuesta sindical que desde las direcciones de UGT y CCOO se le ha dado. Lejos de plantear un plan de lucha vinculado al resto de las factorías europeas, lo primero que hacen es ofrecer la reducción de la plantilla en veinticinco trabajadores a partir de primeros de año. Ante semejante caramelo, la empresa acepta y pone el cierre en estudio. Pero aceptar constantemente los chantajes de la empresa, y asumir la política del mal menor, colaborando servilmente con ella, significa transitar por un camino muy peligroso. Por más concesiones que hagamos a la empresa, nunca serán bastantes, todo lo contrario.